El complot que se hunde

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La policía investiga el complot de civiles y altos oficiales de la Armada para matar al capitán Arturo Araya, con el objeto de apurar el golpe de Estado, culpando a la izquierda del crimen. Así se derriba lo establecido por el Juzgado Naval de Valparaíso, que estableció que al edecán lo asesinó en forma involuntaria un "grupo de muchachos que no sabían de quién se trataba".

Domingo 17 de abril de 2005

Pocas horas demoraron la Armada y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en reaccionar, luego de que los hijos del edecán del ex Presidente Allende, capitán de navío Arturo Araya Peeters, expusieran el miércoles 6 de abril pasado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados los nuevos antecedentes respecto al asesinato de su padre.

El viernes siguiente, un abogado del CDE llegó al 17 Juzgado del Crimen de Santiago "interesado" en la causa que instruye la jueza Patricia González, para "informar" al Consejo, "que estudiará hacerse parte en la investigación". Casi a la misma hora, poco antes del mediodía, llegó al juzgado un emisario de la Armada, enviado por el juez naval de Valparaíso, para retirar "de inmediato" el expediente original del proceso que ese tribunal instruyó en la década de los años setenta, y que había enviado a la jueza González luego de que ésta lo pidiera. Hasta ahora el CDE no resuelve nada. De todas maneras, Arturo Araya hijo, el abogado de la familia, solicitó formalmente que el CDE se haga parte.

Por otro lado, la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones inició en estos días sus indagaciones orientadas por el "nuevo giro" de los acontecimientos: el complot de los civiles y algunos altos oficiales de la Armada para matar al edecán Araya, con el objeto de apurar el golpe de Estado, culpando a la izquierda del crimen.

Las cosas han tomado otro giro a partir de testigos que aportaron en el último tiempo antecedentes importantes para desentrañar la verdadera madeja del crimen, distinta a lo investigado por el Juzgado Naval de Valparaíso, que dio por establecido que al edecán lo asesinó en forma involuntaria un "grupo de muchachos que no sabían de quién se trataba".

Los hijos del edecán, Arturo y Enrique, sostienen que ahora "hay mucha gente nerviosa".

Porque lo que actualmente se indaga es quiénes dieron la orden; quiénes coordinaron a la perfección los tres grupos que actuaron esa noche del 26 al 27 de julio de 1973; quiénes fueron los civiles que mantuvieron las reuniones con oficiales de la Armada para resolver el destino fatal del edecán; quiénes fueron los oficiales; quiénes proporcionaron las armas al grupo que esa noche actuó de pantalla en la calle Fidel Oteíza de la comuna de Providencia, mientras desde un edificio de enfrente un tirador escogido impactó al edecán en el pecho; quién fue ese buen tirador que lo mató disparando dos tiros, dando el primero en el balcón y matándolo el segundo; y a qué institución pertenecía o a quién obedecía.

Las pericias balísticas, el protocolo de autopsia, las declaraciones de múltiples personas en el mismo proceso instruido por el Juzgado Naval, y sobre todo el testimonio de un oficial de Investigaciones en retiro, concuerdan en que la investigación del Juzgado Naval carece de credibilidad, porque, según los datos duros del expediente y especialmente las leyes de la física, la balística y la lógica, al edecán no lo mató ninguno del grupo que esa noche pasó por su casa causando desmanes.

La puerta abierta

Dos nuevas querellas interpuestas últimamente por los hijos del edecán -independientes de aquella presentada el 10 de septiembre de 2003 por el crimen de su padre y que derivó a la jueza Patricia González desde la Corte de Apelaciones de Santiago- sitúan ahora la investigación en el complot. En principio, estas nuevas querellas apuntan al ex cadete naval Jorge Ehlers Ölkers y su entonces yerno Alejandro Ellis, y a los oficiales de Carabineros (R) Germán Esquivel Caballero y Luis Merino Rosas.

Ehlers (quien huyó a Alemania hace un tiempo) y Ellis son quienes esa noche avisaron al grupo liderado por Guillermo Claverie y Guillermo Bunster que "causaran el caos" en el sector donde vivía el edecán, "porque la Armada se dejará caer esta noche sobre Santiago". Les entregaron algunas armas, como el rifle automático Marcatti "tipo Batán" calibre 22 largo, que el Juzgado Naval de Valparaíso dio por establecido que, aunque no se halló, fue el arma con que Claverie habría matado al edecán, disparando desde la calle al balcón del segundo piso a unos cuatro o cinco metros de distancia.

Pero la autopsia y la trayectoria de la bala homicida desmienten en forma rotunda al Juzgado Naval, porque indican que el disparo que mató al edecán se hizo "levemente de arriba hacia abajo" y entró en el pecho "de izquierda a derecha", mientras en la propia reconstitución de escena realizada por el mismo fiscal naval, capitán Aldo Montagna Barghetto, más un equipo de la policía civil, se estableció que Claverie disparó al revés, o sea de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Montagna llevó adelante la investigación del Juzgado Naval de Valparaíso, y tuvo como su secretario al oficial de la Armada Jorge Garretón Iturra, quien luego fue cónsul general en Caracas.

El factor Patria y Libertad

Ehlers y Ellis habían sostenido algunas reuniones con oficiales de la Armada en servicio activo. Este tipo de rifles (20 en total) los había introducido ilegalmente al país desde Argentina el segundo hombre de Patria y Libertad (PL), Roberto Thieme, según él mismo lo declaró en el proceso. No se sabe aún si Thieme y Miguel Cessa, otro dirigente de PL, tocaron el "caso edecán" en una reunión que sostuvieron en un departamento de Vitacura, tres o cuatro días antes del atentado, con "un alto oficial" de la Armada y otro "capitán", ambos en servicio activo.

De esta reunión da cuenta otro dirigente de PL, Manuel Fuentes Wedling, en su libro "Memorias de Patria y Libertad". Según Fuentes, fueron los propios oficiales de la Armada quienes pidieron la reunión, para ver cómo PL podía colaborar en atentados dinamiteros para cortar puentes, vías férreas, gasoductos y volar torres de transmisión eléctrica, para hacer coincidir un clima de terror con el nuevo paro nacional que se iniciaría por esos días, encabezado por los camioneros, a quienes los infantes de Marina protegían en Viña del Mar.

Thieme ha negado siempre que PL tuviera que ver con el crimen del edecán, pero, curiosamente, Claverie y Bunster declararon en el proceso del Juzgado Naval que esa tarde del atentado, cerca de las 18 horas, sostuvieron una conversación con los miembros de PL "Miguel Cessa, un tal Alon-so, y otros", cuyos nombres dijeron "no recordar". Casi todos los que esa noche integraron el grupo de pantalla que operó en la calle Fidel Oteíza, pertenecían a PL o habían estado vinculados a ese grupo paramilitar de ultraderecha. La real vinculación de PL con este crimen nunca ha sido investigada por un juez.

Otros dos oficiales hoy en retiro de la Armada, que los hijos del edecán pidieron a la jueza González que indague por su eventual participación en el homicidio de su padre, son Daniel Guimpert Corvalán y Jorge Osses Novoa, quienes ya antes del golpe militar "rondaban" los círculos conspirativos.

Ambos integraron después el Comando Conjunto, como "aporte" de la Armada a esa asociación ilícita criminal. Y ambos están procesados por secuestros y desapariciones de prisioneros. Entre otras cosas, a Osses le sigue los pasos el juez Sergio Muñoz por la desaparición en octubre de 1973 del funcionario de Naciones Unidas Fernando de la Cruz Olivares Mori. De esta manera, el juez Muñoz se cruza en este momento con la investigación de la jueza González, lo que podría derivar en una acumulación de la causa Araya Peeters en sus manos por su mayor jerarquía.

Una extraña aparición

La historia que vincula el crimen del edecán Araya a los oficiales ahora en retiro de Carabineros Guillermo Esquivel y Luis Merino, es especial. Quedó establecido en el proceso del Juzgado Naval que, al menos, fue Esquivel, quien, de civil, llegó a la casa del edecán apenas quince a veinte minutos después de ocurrido el atentado a interrogar a los familiares, algunos de los cuales lo reconocieron después. Les pareció extraño que Esquivel hubiese llegado tan rápido, de civil, y acompañado de otras dos personas, también de civil, que dijeron ser personal policial de la Intendencia de Santiago. Sus preguntas también parecieron raras. Eran ya pasadas las dos de la madrugada del día 27 de julio y el comandante Araya había fallecido minutos antes en el Hospital Militar.

La misma tarde del día 27, Merino detuvo cerca de la Intendencia de Santiago al obrero Luis Riquelme Bascuñán. Lo torturaron en una oficina de ese recinto (Riquelme acusó en los careos a Esquivel de torturarlo), y a continuación fue presentado a los investigadores como quien "voluntariamente" se entregó para "reconocer su participación" en el crimen. Esquivel y Merino agregaron que se trataba de un militante de izquierda y que el grupo que había asesinado el edecán era también de izquierda, tal como fue consignado en las portadas de la prensa de derecha de la época. Pero el montaje duró poco y se derrumbó ante la realidad de los hechos.

Esquivel Caballero siguió la misma huella de Guimpert y Osses. También fue procesado por su participación en crímenes de la dictadura.