Los cargos que pesan sobre Pablo Rodríguez Grez en el caso Henrichsen

29 de octubre de 2005 La Nacion
 
Texto de la querella interpuesta por la ejecución del camarógrafo que filmó su propia muerte frente a La Moneda, apunta al abogado de Pinochet como instigador del Tanquetazo, la primera sublevación militar que sufrió Allende.

El empleo de la violencia armada para derrocar al gobierno de la Unidad Popular por medio de acciones sabotaje del grupo de ultra derecha Patria y Libertad, encabezado por el abogado Pablo Rodríguez Grez, es la acusación que puede llevar al abogado jefe de la defensa jurídica del ex dictador Augusto Pinochet a que declare, e incluso sea procesado por homicidio calificado, asociación ilícita y crímenes de lesa humanidad.

Así se solicita en la querella interpuesta esta semana ante el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago por el crimen del periodista argentino Leonardo Henrichsen, quien grabó su propia muerte el 29 de junio de 1973, mientras cubría la sublevación del Regimiento Blindado Nº 2, conocida como ‘Tanquetazo’.

El libelo, al que tuvo acceso Lanacion.cl, afirma que esta acción militar, la primera en contra del Presidente Salvador Allende, fue instigada por Rodríguez Grez y otros integrantes de Patria y Libertad. De allí que se le responsabilice por el homicidio del camarógrafo, al tiempo que se intente establecer la responsabilidad en su deceso del suboficial (R) del Ejército Héctor Hernán Bustamante Gómez, jefe de la patrulla que actuó en la insurrección.

La querella sostiene que “el Movimiento Nacionalista Patria y Libertad se destacó, en su acción cotidiana a conspirar, promover la sedición y ejecutar actos criminales tendientes a subvertir el orden institucional”.

“Sus contactos con mandos de las Fuerzas Armadas chilenas no fueron en principio lo suficientemente efectivos”, agregan, “porque se estrellaron con una notoria desconfianza en el seno del Ejército, sobre todo al asumir Pablo Rodríguez, como abogado, la defensa del ex general Roberto Viaux, artífice intelectual del asesinato ‘por traición’ del general René Schneider”. “Sólo la Marina –puntualiza el escrito-, a través del grupo de Infantería de Marina, prestó apoyo a su adiestramiento y provisión de armas de gran calibre. En el Ejército, consiguieron una brecha en la provincia de Atacama a través de su jefe militar, el teniente coronel Oscar Haag Blaschke, para contrabandear armas desde Argentina y Bolivia. En Santiago, reclutaron al coronel Roberto Souper Onfray, jefe del Regimiento Blindados Nº 2”, señala el documento, que además establece que el último de los militares mencionados tenía un hermano en las filas de la agrupación de ultra derecha”.

Sobre la responsabilidad de Patria y Libertad en los hechos se incluye además una declaración del entonces dirigente del movimiento, Manuel Fuentes, que afirma que “en la madrugada del jueves 29 nos avisaron en nuestras casas que los oficiales del regimiento Tacna - en una reunión, me imagino con bastante pisco- habían decidido a las 4:00 de la mañana ir al Golpe... Y nosotros rápidamente salimos a la 5:00 de la mañana, como gallinas desplumadas, a una casa de seguridad, y ahí esperamos la evolución de los acontecimientos".

El levantamiento fue sofocado cerca del mediodía de esa jornada. Por su parte, la cúpula de Patria y Libertad integrada por Pablo Rodríguez Grez, Manuel Fuentes Wendling, John Shaeffer, Benjamín Matte y Juan Hurtado se asiló durante una semana en la embajada de Ecuador, prueba fehaciente, según la parte acusatoria, de su responsabilidad en los hechos.

El caso de Henrichsen fue instruido por la Segunda Fiscalía Militar de Santiago (Rol 2765-73), pero las diligencias dirigidas por el coronel Juan Francisco Saavedra Moreno no establecieron responsables. Por ello, los hijos del malogrado profesional, Josephine Anne y Andrés Ricardo Henrichsen,, con el patrocinio del abogado de la Corporación de promoción y defensa de los derechos del pueblo (CODEPU), Hiram Villagra, buscan que la justicia civil reabra el proceso.

Henrichsen y el Tanquetazo

Leonardo Henrichsen pasó a la historia como el “camarógrafo que filmó su muerte”, ya que mientras se encontraba como corresponsal en Chile de Radio Televisión Sueca filmando el “Tanquetazo” fue fríamente baleado, a una cuadra del Palacio de La Moneda, por un efectivo del Ejército partícipe del alzamiento, pese a lo que permaneció cumpliendo su labor con una bala en el cuello y recibiendo nuevos impactos que terminarían con su vida. Tenía 33 años.

El “Tanquetazo” fue la primera demostración militar de fuerza contra el gobierno de Allende. Se inició cerca de las 08:30 del 29 de junio de 1973 cuando 16 tanques salieron del Regimiento Blindado Nº 2 en dirección al Palacio de La Moneda. La acción fue comandada, precisamente, por el coronel Souper. Dejó un saldo de 22 muertos (15 de ellos civiles), decenas de heridos y numerosos detenidos.

2 de Junio 2006 El Mostrador

Familia de argentino que filmó su muerte piden reabrir proceso

Viuda del periodista Leonardo Henrichsen, asesinado mientras filmaba en una sublevación militar en 1973, también solicitó a la Corte de Apelaciones designar a un juez especial.

La familia del periodista argentino Leonardo Henrichsen, que murió asesinado mientras filmaba en una sublevación militar en 1973, pidió a la Corte de Apelaciones que se reabra el proceso, informaron fuentes judiciales.

La viuda del periodista, Patricia Macfarlane, acompañada por su hijo Andrés, solicitaron además a la justicia la designación de un juez especial por la conmoción pública nacional e internacional que generó el caso.

El Gobierno argentino se hará parte de la petición, según confirmó el embajador de ese país en Chile, Enrique Abihaggle.

La acción judicial fue patrocinada por el abogado de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), Hiram Villagra, y el penalista Juan Bustos.

El 27 de octubre del 2005 los hijos del periodista, Leonardo, Josephine Anne y Andrés Ricardo presentaron una querella criminal por el asesinato de Henrichsen, pero en enero pasado, la jueza Romy Rutherford del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago sobreseyó temporalmente el caso "por falta de antecedentes".

La viuda del camarógrafo señaló hoy en rueda de prensa que las imágenes que su marido alcanzó a registrar son relevantes para el caso.

Leonardo Henrichsen, corresponsal de la televisión sueca y Canal 13 de Buenos Aires, fue asesinado cuando cubría el 29 de junio de 1973 una asonada militar fallida contra el gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973), que más tarde fue bautizada como "El tancazo".

Mientras Henrichsen filmaba las acciones de los militares insurrectos en el centro de Santiago, a pocos metros del palacio La Moneda, un soldado del regimiento de Blindados número 2 le disparó, causándole la muerte.

El camarógrafo, de 33 años, captó el momento en que su agresor le disparaba desde un camión y cuando después cayó al suelo, en una imagen que dio al vuelta al mundo y que es parte de varios documentales sobre el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la dictadura.

La demanda imputa como supuesto responsable del asesinato del periodista al suboficial retirado del Ejército Héctor Hernán Bustamante Gómez, quien fue identificado a través de la filmación.

En la época, la justicia militar comenzó una investigación que terminó sin resultados después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que encabezó el ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

Esta vez, la Corte de Apelaciones de Santiago deberá resolver si recoge la petición de reapertura del caso y designa un juez especial, como han solicitado los querellantes.

En la petición se hicieron parte el presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillier, y la consejera de la embajada de Argentina, Cristina Castro.

El abogado Villagra señaló que la causa corresponde a un crimen contra la Humanidad y recalcó que "no está agotada la investigación" y que aún hay pesquisas que realizar respecto a las motivaciones, autoría y alcance del crimen que resultan relevantes para su tipificación.

Los abogados solicitan, además, que se cite a declarar al menos a diez miembros en retiro del Ejército que pueden aportar antecedentes en este caso.